¿Qué es un testamento ológrafo?

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Victoria López Barrio
12 junio, 2016

Muchos clientes me hacen esta misma pregunta ¿qué es un testamento ológrafo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede efectuar para que sea válido en Derecho?

Antes de empezar a comentar sobre esta cuestión, permitidme una recomendación: otorgad siempre testamento, preferentemente, testamento abierto ante Notario.

Son muchas las razones que así lo aconsejan: en primer lugar, evitarás un gran número de papeleo y gastos a tus herederos, tanto el Acta de Notoriedad de Declaración de Herederos ab intestato(que, necesariamente, hay que realizar cuando alguien fallece sin testamento), como toda la tramitación que conlleva la adveración y protocolización del testamento ológrafo para que tenga eficacia jurídica, tienen un coste muy superior, en tiempo y dinero, al del testamento abierto autorizado ante Notario.

En segundo lugar, acudir a un abogado especializado en la materia y a un Notario para que te asesoren sobre cómo ordenar, legalmente, tu testamento, evitará que tu última voluntad pueda no verse cumplida en los términos que quieres, por no haberla establecido de la forma jurídicamente adecuada.

Sentado lo anterior, para que el testamento ológrafo que tenga validez deberá estar escrito, íntegramente, del puño y letra del testador y firmado por él.

Necesariamente, se tendrá que hacer constar en el mismo, el año, mes y día en que se otorgue.

Si contuviese palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma.

Estos son los requisitos que debe contener el referido testamento para que sea considerado como tal, conforme al art. 688 CC.

PARA COMPROBAR LA VALIDEZ

En principio parece muy sencillo, e incluso cómodo, ya que lo puedes realizar en la intimidad de tu casa, pero las dificultades pueden venir después para tu herederos, pues para que ese testamento sea válido y eficaz en derecho ha de comprobarse que, efectivamente, fue realizado del puño y letra del testador (adverado) y posteriormente, protocolizado ante Notario (es decir, elevado a público, incorporado a un protocolo notarial), lo que conlleva la consecuente tramitación ante el indicado fedatario público, en unos plazos y con unos requisitos determinados.

Antes de la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en julio de 2015, que modificó en gran parte los artículos del Código Civil que regulan este tipo de testamento, todo el procedimiento para comprobación de la autenticidad del testamento se realizaba ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente al domicilio habitual del testador. Y cuando a través de dicho proceso quedaba patente la autenticidad del testamento, se remitía el mismo al Notario para su protocolización.

Ahora esto no es así, pues será el Notario quién tramite todo el proceso de adveración y protocolización del testamento ológrafo, conforme a la legislación notarial, tal y como establecen los artículos del Código Civil modificados.

Y todo ello ha hacerse en unos plazos determinados. En primer lugar, el testamento deberá presentarse ante el Notario, en los cinco años siguientes al fallecimiento del testador. (artículo 689 del Código Civil).

No se admitirán las solicitudes que se presenten después de transcurridos cinco años desde el fallecimiento del testador.

DÍEZ DÍAS DESPUÉS DEL FALLECIMIENTO

Pero también existe otro plazo relevante; la persona que tenga en su poder el testamento ológrafo deberá presentarlo ante Notario competente en los diez días siguientes a aquel en que tenga conocimiento del fallecimiento del testador.

El incumplimiento de este deber le hará responsable de los daños y perjuicios que haya causado.

También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el testamento como heredero, legatario, albacea o en cualquier otro concepto. (artículo 690 del Código Civil).

Estas personas, serán, además, quiénes tengan la legitimación para instar el acta de protocolización.

El Notario competente para actuar será el del lugar en que hubiera tenido el testador su última residencia habitual, o donde tuviere la mayor parte de su patrimonio, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. También, se podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el Notario del lugar del domicilio del requirente.

Presentado el testamento ológrafo y acreditado el fallecimiento del testador, se procederá a su adveración conforme a la legislación notarial. Para ello serán examinados por el Notario, al menos tres testigos, que conocieran la letra y firma del testador y declarasen que no abrigan duda racional de que fue manuscrito y firmado por él.

PERICIAL CALIGRÁFICA

A falta de testigos idóneos o si dudan los examinados, el Notario podrá acordar, si lo estima conveniente, que se practique una prueba pericial caligráfica.

El Notario, si considera acreditada la autenticidad del testamento, autorizará el acta de protocolización, en la que hará constar las actuaciones realizadas y, en su caso, las observaciones manifestadas.

Si el testamento no fuera adverado, por no acreditarse suficientemente la identidad del otorgante, se procederá al archivo del expediente sin protocolizar aquel.

Autorizada o no la protocolización del testamento ológrafo, los interesados no conformes podrán ejercer sus derechos en el juicio que corresponda.

Ésta es de forma muy resumida, la tramitación posterior que conlleva la realización de un testamento ológrafo, convendréis conmigo en lo manifestado en los primeros párrafos de este artículo, es preferible otorgar testamento abierto ante Notario.

¿Puede la inteligencia artificial sustituir a un juez en un tribunal?

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La inteligencia artificial revoluciona los despachos de abogados

Los algoritmos de predicción de sentencias existen y son capaces de generar resoluciones correctas en un 79% de los casos. Este sistema será una herramienta útil, pero no acabará con la figura del juez.

En el sector de la abogacía se habla mucho de la llegada de la inteligencia artificial (IA) y de las labores que podría cumplir dentro de una firma. Pero, ¿podría esta misma tecnología sustituir a un juez? La respuesta a esta pregunta no es simple, puesto que es necesario matizar qué espacios podría suplir este sistema informático. Pero la realidad es que, en muchos casos, la IA podría alcanzar decisiones totalmente correctas.

Un grupo de investigadores del University College London, la Universidad de Sheffield y la de Pennsylvania se ha propuesto demostrar esta posibilidad. Mediante el desarrollo de un algoritmo, capaz de analizar los datos de casos de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), se ha logrado predecir un 79% las resoluciones alcanzadas en 584 asuntos.

Ampliando esta hipótesis a España, muchos piensan que esta tecnología podría aplicarse a nuestra Administración de Justicia y lograr así rebajar los tiempos utilizados para resolver casos. «La mayor parte de los asuntos que llegan a la CEDH tienen una solución objetiva que, mediante el análisis de la normativa vigente, es posible resolver con facilidad. En temas tan claros como éstos, sería posible aplicar sistemas cognitivos -bases de datos que recopilan sentencias y jurisprudencia- o de inteligencia artificial. Así, procedimientos que, por razones puramente formales se extienden durante años, se podrían resolver en pocos meses», explica Pablo F. Burgueño, socio del despacho de abogados Abanlex.

Sin embargo, tanto para este especialista como para Alejandro Touriño, socio director de Ecija y autor del libro Derecho digital. De la protección de datos a la ciberseguridad, no todas las jurisdicciones podrían emplear esta herramienta para dictar resoluciones. «En el ámbito penal o en causas centradas en derecho de familia, por ejemplo, es impensable utilizar este tipo de algoritmos, puesto que no sólo se manejan indicadores objetivos, sino que aparece un elenco de derechos subjetivos que deben tenerse en cuenta y que necesitan de la interpretación de un juez», apunta Touriño.

Joaquín Muñoz, director del área de nuevas tecnologías de Ontier, insiste en que «un juez no sólo aplica la ley, sino que también la interpreta según las situaciones que le son presentadas. Por ahora, este tipo de máquinas no tienen criterio social, ni son capaces de sopesar las circunstancias personales de cada afectado».

Jurisdicciones

Los tres especialistas en nuevas tecnologías sí creen que la IA podría aplicarse en asuntos relacionados con el derecho de los negocios en los que existan infracciones económicas o temas de competencia desleal o en jurisdicciones como la fiscal -casos de contabilidad-, la civil -deudas, multas de tráfico, aseguradoras- o en temas de marcas y patentes. Sin embargo, y teniendo en cuenta el estado actual de nuestra Justicia y su lenta digitalización, ninguno apuesta por que veamos la aplicación de esta herramienta en nuestros tribunales en los próximos años.

Muñoz insiste en que la IA será útil, pero no acabará con la figura del juez. «Aunque se pueda utilizar un algoritmo para resolver asuntos, cualquier fallo generado por esta vía siempre deberá ser verificado y refrendado por un juez y, en caso de desacuerdo, tendrá que existir una posibilidad de recurso».

El letrado explica que como no existen dos casos idénticos, estos sistemas, más que para resolver casos, podrían servir de apoyo a la hora de tomar decisiones. «Se presupone que los jueces conocen el conjunto de la normativa vigente, pero esto es casi imposible. Algoritmos como éstos podrían ayudar al magistrado, aportándole el conjunto de argumentos legales aplicables y proponiéndole ciertas decisiones, lo que aligeraría los tiempos necesarios para dictaminar».

Para lograr la integración de este tipo de herramienta, Touriño cree que se podría alimentar al software desarrollado con el contenido de las bases de datos de sentencias públicas y contrastadas, como la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) o recopilaciones de resoluciones de instituciones nacionales como la Agencia Española de Protección de Datos. Sin embargo, también sugiere que para que se convirtiera en una realidad «habría que generar un salto cualitativo tanto tecnológico como cultural dentro de la Administración de Justicia e impulsar cambios procesales para admitir resoluciones generadas por IA», concluye.

Rajoy pide a sus ministros «dialogar mucho», «pactar mucho» y «consensuar mucho»

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presidido hoy el primer Consejo de Ministros de su nuevo Gabinete tras la jura o promesa ante el Rey de sus cargos. Así ha sido el minuto a minuto de la primera rueda de prensa del nuevo Ejecutivo.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y nuevo portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado que el presidente del Gobierno ha agradecido a los ministros que hayan aceptado el cargo «como lo que es: un honor y una carga» y que les ha manifestado «la necesidad de hablar mucho, pactar mucho y consensuar mucho», dado que hay que sumar apoyos a los 137 escaños con los que cuenta el PP en el Congreso de los Diputados. Además, el Gobierno «tiende la mano» a los socialistas con su intención de abrir una legislatura de corte colaborativo.

Además, el portavoz del Ejecutivo ha reprochado al PSOE que sostenga que el nuevo Gobierno no es «colaborativo» y ha afirmado que en ésta, que era su primera intervención como portavoz, quería expresar esa «voluntad de colaboración con el PSOE», en un momento en el que hay que seguir con las reformas y la estabilidad presupuestaria después de la situación «enormemente complicada» que ha superado España.

El control del déficit como primer objetivo del Gobierno

Por otra parte, hay que subrayar que Méndez de Vigo ha querido iniciar su intervención destacando que España «va a cumplir el objetivo de déficit del 4,6% pactado con Bruselas, según todas las variables examinadas por el ministro de Economía como el de Hacienda», ha dicho. Y ha añadido también que se cumplirá la meta de 2017 situada en el 3,1%.

Méndez de Vigo ha dicho que han repasado los ingresos y que ha destacado el alza del 6% en IRPF, del 4,4% en el IVA y en Especiales una subida del 1%.

Primeras actuaciones del Gobierno

Educación: El portavoz del Ejecutivo ha apuntado que una de las primeras acciones será poner el marcha una subcomisión en la Comisión de Educación para lograr un pacto por la educación.

El Ejecutivo va a suspender «próximamente» los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato para dar cumplimiento al compromiso de investidura con Ciudadanos de cara al Pacto por la Educación.

Financiación autonómica: Por otra parte, Méndez de Vigo ha afirmado la intención del ministro de Hacienda de una reforma de la financiaciónterritorial y ha dicho que en este asunto tienen que trabajar juntos la vicepresidenta y el ministro de Hacienda.

Pensiones: El portavoz del Gobierno ha indicado que otro de las propuestas iniciales es abrir las negociaciones del Pacto de Toledo.

Techo de gasto: Méndez de Vigo ha asegurado que el techo de gasto se aprobará en las próximas semanas dentro del mes de noviembre.

El Consejo de Ministros de hoy ha empezado hoy las 10.00 horas con la presencia de los 13 miembros del Gabinete -cinco mujeres y ocho hombres, además del presidente-. Tendrá un cáracter protocolario, en el que no se toman decisiones y se celebra, fundamentalmente, para presentar «la «foto de familia» del nuevo equipo.

 Primera reunión del nuevo Consejo de Ministros
A las 09.00 horas los 13 ministros han jurado su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela (salvo María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, que lo han prometido), acto al que ha asistido también el presidente del Gobierno.

El titular de Justicia, Rafael Catalá, que conserva el cargo al que llegó en septiembre de 2014, ha sido el primero en jurar ante un ejemplar de la Constitución y otro de la Biblia, situados junto a un crucifijo como notario mayor del Reino y dar fe del juramento de sus compañeros de Gabinete.

A esta primera reunión ha acudido por primera vez las seis nuevas caras que ha incorporado Rajoy al Gobierno en esta legislatura: María Dolores de Cospedal (Defensa), Alfonso Dastis (Exteriores), Juan Ignacio Zoido (Interior), Íñigo de la Serna (Fomento), Álvaro Nadal (Energía) y Dolors Montserrat (Sanidad).

Son siete los ministros «veteranos»: Soraya Sáenz de Santamaría (Vicepresidencia), Rafael Catalá (Justicia), Cristóbal Montoro (Hacienda), Luis de Guindos (Economía), Iñigo Méndez de Vigo (Educación y Cultura), Fátima Báñez (Empleo) e Isabel García Tejerina (Agricultura y Medio Ambiente).

Como novedad en esta legislatura, Soraya Sáenz de Santamaría deja de ser la encargada de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros y le sustituye en la Portavocía del Gobierno el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, que suma a sus funciones la de portavoz del Gobierno.

A lo largo del día los seis nuevos ministros se trasladarán a sus respectivos Ministerios para el traspaso de carteras: Exteriores y de Cooperación, Defensa, Interior, Fomento, Energía y Sanidad.

De la Serna, una vida política «siempre en paralelo» a Rajoy

Uno de los primero en asumir su cartera ha sido el ministro de Fomento entrante, Íñigo de la Serna, que ha asegurado durante su toma de posesión en el Ministerio que su vida política «ha venido toda ella en paralelo» a la figura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

De la Serna ha admitido que precisamente Rajoy «fue el responsable» de su primera candidatura a la alcaldía de Santander, en el año 2007. Ese cargo como primer edil es el que ha ocupado durante 9 años ininterrumpidos, hasta su reciente nombramiento como responsable del departamento de Fomento.

El nuevo ministro estuvo flanqueado en su estreno oficial por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los últimos responsables de la cartera de Fomento, Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso, y Rafael Catalá, actual responsable de Justicia.

De la Serna ha prometido dedicar «todo el empeño y esfuerzo» para estar «a la altura de las circunstancias y de la confianza» depositada por el presidente del Gobierno.

Dastis trabajará para que España esté «de verdad de vuelta»

Alfonso Dastis Quecedo ha asegurado en su toma de posesión como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que tras casi un año en el que el país ha paralizado su impulso por haber estado en funciones su objetivo es «volverle a dar al botón del play y demostrar que España está de verdad de vuelta».

Dastis ha transmitido este mensaje al recibir la cartera de Exteriores de manos de su antecesor, José Manuel García-Margallo, en un acto celebrado en el Palacio de Santa Cruz.

Ha explicado que el hecho de haber tenido un gobierno en funciones durante un año ha hecho paralizar el impulso que García-Margallo había puesto en marcha durante cuatro años y que por ello aspira a conseguir que España «esté de vuelta».

Cospedal toma posesión arropada por el Gobierno

La nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha tomado también posesión de su cargo en un acto en el que ha estado arropada por buena parte del Gobierno, encabezado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Además de Sáenz de Santamaría, han asistido a la toma de posesión los titulares de Hacienda, Cristóbal Montoro; Empleo, Fátima Báñez; Justicia, Rafael Catalá; Interior, Juan Ignacio Zoido; Agricultura, Isabel García Tejerina; y Sanidad, Dolors Montserrat, así como cuatro vicesecretarios del PP.

Acompañada por el ministro de Defensa saliente, Pedro Morenés, y en un segundo plano por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Fernando García Sánchez, la nueva titular del Departamento ha recibido honores de ordenanza y pasado revista a una compañía mixta, de los tres ejércitos, formada para el acto.

Zoido asegura que se dejará la piel por España

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confesado que ha llegado a este departamento para «dejarse la piel» por España y por su sociedad, y se ha dirigido especialmente a la Policía y la Guardia Civil para decirles que «tienen un ministro que sabe lo que hacen y reconoce sus méritos».

Zoido lo ha dicho en su toma de posesión arropado por otros nueve ministros, entre ellos su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; y los titulares de Justicia, Rafael Catalá; Defensa, María Dolores de Cospedal; Hacienda, Cristóbal Montoro; Energía y Turismo, Álvaro Nadal; Sanidad, Dolors Montserrat; Empleo, Fátima Báñez; Educación y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo; y Agricultura, Isabel García Tejerina.

En un guiño a las fuerzas de seguridad, Zoido ha reconocido que hay todavía necesidades que cubrir en ambos cuerpos, pero ha asegurado que «juntos» podrán seguir dando un gran servicio a España.

Adiós a Lexnet en la plataforma del CGAE. ¿Y ahora qué?

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Por Beatriz Sanjurjo Rebollo

Directora de BSR Abogados.

BeatrizSanjurjo

BeatrizSanjurjo

El pasado día 21 de octubre de 2016 el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española nos informaba de un importante cambio en materia tecnológica que afecta directamente al uso de Lexnet por los Abogados, anunciando que se produciría un traslado de la plataforma de Lexnet Abogacia del CGAE, a la plataforma del Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia en funciones acaba de confirmarlo y a los Letrados nos surgen dudas, como por ejemplo:.

1.- ¿Cuándo se producirá el cambio? Las negociaciones entre el CGAE y el Ministerio de Justicia han comenzado. Ayer hubo una reunión; pero, la realidad es que a Lexnet Abogacía le poco de vida, y que hasta entonces sus usuarios podremos utilizándola con normalidad  hasta el día en que se produzca la transición definitiva.

2.- ¿Tenemos cifras de a cuántos Abogados afectaría?  A todos. Lexnet Abogacía no desaparece por falta de uso, en realidad es utilizada por unos 15.000 Letrados al día.

3.-¿ Por qué se ha tomado esta decisión? Se alegan razones de mayor eficacia y eficiencia de las comunicaciones, ahorro de costes y especialmente de disminución de las deficiencias que ante nuevas funcionalidades presentaba Lexnet Abogacía; pues, la homologación por el Ministerio de cada una de ellas se producía en ocasiones hasta seis meses después de que fueran aplicadas por el Ministerio, que es quien las diseña y aplica primero. Recordemos que estas funcionalidades hacen referencia a aspectos como las autorizaciones o sustituciones, al acceso a multicolegiados, o la ampliación del número de direcciones de correo electrónico para recibir avisos, entre otras. Lo que hacía que en ocasiones tuviésemos que utilizar las dos plataformas al tiempo.

4.- ¿Tendremos información actualizada de la marcha del proceso? Comienzan las negociaciones y parece que el CGAE y el Ministerio irán informando, y desde luego no se desconectará la plataforma sin avisar previamente; así que, habrá que estar atentos.

5.- ¿Qué pasará con los ficheros? Desde el Dpto. de Prensa del CGAE me confirman que lógicamente la intención es que no pierdan, que están en plena negociación y que irán informando de todo; así que, nuevamente habrá que estar al tanto de cualquier novedad al respecto, porque a partir del momento  del traslado definitivo todos tendremos que utilizar únicamente la plataforma del Ministerio.

6.- ¿Se ha amortizado el coste de la aplicación en esta año de vida?  Internet arde porque a los Abogados se nos plantean, por puro deformación profesional, preguntas sobre costes de esta aplicación de Lexnet Abogacía que ahora queda en agua de borrajas tras apenas un año de vida. Dónde está el fracaso, dónde quedaron las finalidades para las que se creó, si el fallo es del sistema, o de sus creadores, o si su financiación se ha amortizado con la ayuda otorgada a sus actuales usuarios. No hay datos oficiales; pero, lo que es evidente es que se preveía para un futuro mucho más largo.

7.- ¿Perderemos las mejoras que tiene RedAbogacía frente al portal del Ministerio? En mi libro sobre Lexnet Abogados al exponer ambas plataformas no oculto que me gustan funcionalidades como la relativa al del buzón y el acceso a las notificaciones más allá de los 60 días de la página del Ministerio, o la posibilidades de alarmas por sms, que destacan a Lexnet Abogacía sobre Lexnet Ministerio. Realizada esta pregunta al Dpto. de Prensa del CGAE me confirman que en la mesa de negociación está lógicamente la intención de no perder con el citado traspaso esas funcionalidades de las que disponemos como usuarios de Lexnet Abogacía.

8.- ¿Cómo actuar ante este cambio? Ante todo, nos encontramos con una realidad que hay que atajar de una manera práctica, sin dilación. Nada tengo que ver con su creación o implantación; lo que sí se es que los abogados tenemos que saber cómo va a afectarnos este cambio en nuestro quehacer diario; porque no vamos a tener opción ni tregua, y nos jugamos en ello nuestra responsabilidad profesional. Por ello, yo propongo tres rutinas básicas, con las que debemos irnos familiarizando para adelantarnos al cambio:.

1. En cuánto a la vía de acceso y usuarios:

– A Lexnet Abogacía, del CGAE, accedemos por http://lexnet.abogacia.es o desde la página web de los colegios de abogados; pues se diseñó exclusivamente para nosotros.

– Deberíamos adaptarnos a usar Lexnet Justicia, del Ministerio, a la que accedemos a través de https://lexnet.justicia.es, una plataforma que se diseñó también para otros operadores jurídicos.

2. Soporte Técnico ante incidencias:

– Si somos usuarios de Lexnet Abogacía ante cualquier incidencia nos venimos dirigiendo a los teléfonos 911501003ó 930141001, a http://lexnet.abogacia.es, o en Twitter a: @RedAbogacía con etiqueta #LexnetAbogacia

– Al pasar a Lexnet Ministerio, el soporte técnico lo encontramos en http://lexnetiusticia.gob.es/web/guest/contactolexnet o en Twitter @lexnetjusticia

3. En materia de ayuda y justificantes:

– Lexnet Abogacía dispone de materiales de ayuda y justificantes en  http://lexnet.abogacia.es

– A partir del cambio anunciado materiales de ayuda y justificantes, como en la actualidad  en  la aplicación de Lexnet del Ministerio, en  http://lexnetjusticia.gob.es/.

En la conferencia que impartí en el recién celebrado 12 Congreso de la Abogacía de ICAMALAGA sobre Lexnet lo que quedó claro es que necesita conocerse, y conocerse bien, y si ahora nos enfrentamos a la desaparición de una plataforma en pro de otra, espero que en este trasvase de verdad se sepa conjugar lo positivo de ambos mundos. Y si Lexnet es por definición es una plataforma digital, un cambio tecnológico sin marcha atrás en nuestra profesión, sólo nos queda esperar un traslado sin complicaciones, que realmente sea una mejora, y que la decisión tomada sea en realidad la mejor para el desarrollo diario de nuestro trabajo, porque nosotros somos los que nos encontramos con los problemas. Lo veremos en breve.

Cláusulas suelo: Lo que va a decir el TJUE

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Por Alicia Amer Martín

Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Valencia.

I.- INTRODUCCIÓN

Las denominadas cláusulas “suelo” y “techo” contenidas en los Préstamos hipotecarios son topes a los costes de los créditos, que tienen establecido, tanto al alza (cláusulas techo) como a la baja (cláusulas suelo) un límite en relación con el tipo de referencia[1]. Ello no había supuesto ningún problema importante en los años previos a la crisis porque los tipos de interés se movían dentro de una banda que se consideraba normal para este tipo de préstamos. El problema se planteó cuando las autoridades monetarias decidieron bajar los tipos de interés, como medida para paliar los efectos de la crisis hasta situarlos en niveles prácticamente a cero, lo que provocó la bajada del Euribor y la automática activación de las cláusulas suelo que garantizaban unos ingresos mínimos para las entidades bancarias.

Fue entonces cuando comenzaron las reclamaciones de los tomadores de los préstamos hipotecarios, que veían frustradas sus esperanzas de pagar menos debido a la cláusula suelo contenida en su hipoteca, y que ante la negativa de los bancos de reconsiderar la  situación sobre las citadas cláusulas,  acudieron a los tribunales, donde se les dio la razón condenando a las entidades bancarias a  devolver lo cobrado en exceso, pero como veremos, en función de una serie de condicionantes y de cuestiones jurídicas que a fecha de hoy, se hallan algunas pendientes de resolver por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En este artículo analizaremos la consideración jurídica de las citadas cláusulas suelo desde el primer pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal en su STS 1916/2013, de 9 de mayo, completada por el Auto del TS de 3 de Junio de 2013 hasta la actualidad, fecha en la que se encuentra pendiente de resolver por el TJUE varias cuestiones prejudiciales planteadas por Tribunales Españoles sobre los efectos jurídicos de la nulidad de las cláusulas suelo proclamada por el Tribunal Supremo.

II.- POSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LAS CLAUSULAS SUELO

La STS 1916/2013, de 9 de mayo[2], fue la primera en la que el Tribunal Supremo se proclamó y declaró  la nulidad de estas clausulas. Esta Sentencia fue dictada a raíz de la demanda colectiva interpuesta por AUSBANC  contra varias entidades bancarias, concretamente BBVA, CAJAMAR Y NOVA GALICIA CAIXA, condenando a las demandadas  a eliminarlas de sus contratos,  a abstenerse de utilizarlas, al tiempo que mantenía  la obligatoriedad de los contratos en vigor sin las cláusulas abusivas[3].

Por otro lado,  establece el TS en su resolución la irretroactividad de la Sentencia, de tal forma que la nulidad de las cláusulas no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados; es decir, limita los efectos de la nulidad al futuro, aceptando la devolución del dinero cobrado a los clientes en aplicación de la cláusula suelo solo a partir del 9 de mayo de 2013, no antes[4].

A partir de esta Sentencia, la jurisprudencia denominada menor no ha sido pacífica, pues a modo de ejemplo, mientras que la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, en su Sentencia de 8 de mayo de 2014, o  la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 12 de marzo de 2014, concedían la devolución íntegra de las cantidades percibidas por las entidades bancarias a consecuencia de las cláusulas suelo, otras,  como  la Sentencia de 10 de febrero de 2014 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia, negaban el efecto retroactivo y limitaba temporalmente el importe de las cantidades a devolver.

Ante tales oscilaciones de criterio,  la STS 1280/2015, de 25 de marzo[5]  analiza la posición contradictoria de las Audiencias Provinciales, respecto de los efectos negativos excluyentes de la cosa juzgada derivados de una acción colectiva de cesación, resuelve las dudas existentes respecto de la litispendencia derivada de las acciones colectivas de cesación y, concretamente, los efectos negativos excluyentes de la cosa juzgada material derivados de la STS de 9 de mayo de 2013, pero no resuelve la duda, sobre la posible concurrencia de los efectos negativos excluyentes de la cosa juzgada material derivados de la acción colectiva ejercitada por ADICAE ante el Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid y que está provocando posiciones contradictorias entre nuestros Tribunales, al no haberse limitado ADICAE a solicitar la nulidad de la cláusula, sino que también ejercitó la acción de restitución de cantidades, estableciendo como doctrina jurisprudencial, en la parte dispositiva de la resolución:

» Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá́ la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013″.

Dentro de esta sentencia es importante destacar el voto particular formulado por D. Francisco Javier Orduña Moreno, y al que se adhiere D. Xavier O’Callagjan Muñoz, ya que el primero fue el ponente de la STS de 18 de Junio de 2012[6], que introdujo por primera vez el control de transparencia de las condiciones generales en la jurisprudencia del TS.

El fundamento del voto particular del Magistrado Orduña parte de la premisa que en la sentencia de 9 de mayo de 2013, la entidad recurrente ejercitó una acción de cesación, es decir que el TS condenara a las entidades de crédito a cesar en la aplicación de las cláusulas suelo y abstenerse de utilizarlas en el futuro, sin que en ningún caso se solicitase un pronunciamiento en relación a la restitución de las cantidades indebidamente cobradas, que hubiera requerido la acumulación de esta acción a la acción de cesación. Para el Magistrado el fenómeno de la retroactividad viene referido a la vigencia de las normas en el tiempo y acontece cuando la nueva ley se aplica a los actos jurídicos realizados bajo la vigencia de la ley antigua y a las situaciones jurídicas producidas bajo la vigencia de la misma, de forma que a través de normas de transición (Derecho transitorio) la nueva ley incorpora las disposiciones que han de regir las relaciones jurídicas efectuadas por el cambio legislativo, sin que ni la LCGC, ni el Texto Refundido de la LGCYU contemplen referencia alguna en esta materia.

Sin embargo, en el ámbito de la ineficacia derivada de la cláusula abusiva nada de esto acontece, pues la normativa aplicable no establece ninguna suerte de efecto retroactivo al respecto, por lo que la conclusión no puede ser otra que la exclusión del fenómeno retroactivo en orden a la fundamentación técnica de la naturaleza y alcance derivada de la cláusula abusiva que debe ser objeto de una valoración propia y específica, lo que requería una revisión de la fundamentación jurídica de la sentencia de 9 de mayo de 2013 en esta materia, carente, igualmente, de fundamento normativo de eficacia retroactiva, que se ha realizado en atención a acciones individuales de impugnación con la consiguiente y lógica pretensión del efecto devolutivo de las cantidades ya pagadas.

Dado que la ineficacia resultante de la aplicación del control de transparencia no tiene un fundamento de retroactividad normativa ni, por extensión, la sentencia que lo declara, los criterios o pautas que sirven para determinar el alcance del efecto restitutorio o devolutivo deben extraerse necesariamente del contexto valorativo que informa el régimen de eficacia y control de las condiciones generales de la contratación. Y para el Magistrado D. Francisco Javier Orduña en el caso de ejercicio de las acciones individuales, los criterios que resultan aplicables no dan otra alternativa posible que no sea la determinada del efecto devolutivo de las cantidades ya pagadas con carácter «ex tunc», esto es, desde el momento de la perfección del contrato predispuesto[7].

III.- LA CUESTIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA

Ante esta posición del TS, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada y posteriormente la Audiencia Provincial de Alicante, cuestionaron   ante el TJUE (asunto C-154/15) si la limitación de los efectos retroactivos de la nulidad de la cláusula suelo establecida por el TS es compatible con el derecho comunitario, al plantear la duda sobre la facultad de los tribunales de moderar la devolución de las cantidades pagadas por el consumidor en aplicación de una clausula que posteriormente ha sido declarada nula por defectos de información y transparencia, en contradicción con lo establecido en el  art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,  que dispone que “Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”.

Ante la inminente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  que se prevé antes de que finalice el año, el pasado 12 de abril de 2016, la Sala de lo Civil del TS, mediante Auto, decidió suspender la tramitación de un recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una hipoteca hasta que el TJUE se pronuncie en el asunto C-154/15, al considerar el TS, que la cuestión jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está directamente vinculada con la cuestión prejudicial que debe resolver el alto tribunal europeo.

En el informe de la Comisión Europea de fecha 13 de julio de 2015, esta no se muestra contraria a la sentencia del TS español que considera nulas las cláusulas suelo, pero no permite la retroactividad, es decir, la obligación de que los bancos devuelvan a los usuarios todas las cantidades cobradas de más por esta cláusula abusiva.

El pasado 13 de julio de 2016, el abogado general Paolo Mengozzi elevó  al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15– unas conclusiones polémicas. Según su informe, la retroacción de los efectos de la nulidad de tales cláusulas en los contratos de préstamo hipotecario en España  habrá de limitarse a la fecha de publicación de la primera sentencia del Tribunal Supremo, el 9 de mayo de 2013 y señala que la Directiva  93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 no tiene por objeto la armonización de las sanciones aplicables en caso de que se aprecie el carácter abusivo de una cláusula contractural, y por lo tanto, no exige  a los Estados miembros que establezcan la nulidad retroactiva de tal cláusula. Asimismo, continua en su informe, la Directiva no determina las condiciones en las que un órgano jurisdiccional nacional puede limitar los efectos de las resoluciones por las que se califica como abusiva una clausula contractual. Por consiguiente,  corresponde al ordenamiento jurídico interno precisar esas condiciones, siempre desde el respeto de los principios de equivalencia y de efectividad del derecho de la Unión.

Respecto al principio de equivalencia (que exige que una norma nacional se aplique indistintamente a los recursos basados en la vulneración del Derecho de la Unión y a los que se fundamentan en el incumplimiento del Derecho interno y que tengan un objeto y una causa semejantes) el Abogado General subraya que el Tribunal Supremo no limita los efectos en el tiempo de sus resoluciones únicamente a los litigios relativos al Derecho de la Unión. Al contrario, consta que este órgano jurisdiccional ya ha recurrido a tal posibilidad en controversias puramente internas.

Por lo que respecta al principio de efectividad (que exige que una norma procesal nacional no haga imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión), opina que, dado que constituyen una sanción con efecto disuasorio para los profesionales, la prohibición de utilizar las cláusulas «suelo» a partir del 9 de mayo de 2013 y la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas a partir de esa fecha contribuyen a la realización de los objetivos perseguidos por la Directiva.

Además, el Abogado General reconoce que, en el momento en que se pronuncia acerca de los efectos en el tiempo de su resolución, un órgano jurisdiccional supremo puede ponderar la protección de los consumidores con las repercusiones macroeconómicas asociadas a la amplitud con que se utilizaron las cláusulas «suelo». En este contexto, considera que, a título de excepción, las mencionadas repercusiones pueden justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional.  En estas circunstancias, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de las cláusulas «suelo», incluidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es compatible con la Directiva[8].

Aunque las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la gran mayoría de las ocasiones, los jueces suelen respaldar las tesis esgrimidas por el abogado general en su documento de conclusiones.

IV.- CONCLUSIÓN

A la vista del “iter” recorrido en las sentencias reseñadas en este artículo, y leyendo entrelíneas las conclusiones del Abogado Mengozzi, esté viene a decir  que la decisión de nuestro Tribunal Supremo no es contraria al Derecho de la Unión sobre las cláusulas abusivas, por cuanto las declara nulas, ordena su eliminación de los contratos existentes y limita temporalmente dicha nulidad, por circunstancias macroeconómicas, a partir del 9 de mayo de 2013, lo cual ya constituye una sanción para los profesionales al tiempo que contribuye a la prosecución de los objetivos establecidos en la Directiva 93/13/CEE.

Y al mismo tiempo, se deduce de su informe que señala directamente a nuestro Tribunal Supremo como el creador de una norma nueva de Derecho, opuesta a lo que hasta la fecha ha sido el efecto de la declaración de nulidad en nuestro ordenamiento jurídico lo cual, queda fuera del control del TJUE,  porque, como dice Mengozzi, la directiva no establece las condiciones en que un Tribunal Nacional puede limitar los efectos de las resoluciones que califican como abusiva una cláusula contractual, y en este caso el TS, en su Sentencia de 9 de mayo de 2013 ya tuvo en cuenta las repercusiones económicas asociadas a la nulidad “ex tunc” y puso tal importante limitación a los efectos de la declaración de nulidad,  lo cual no contradice la directiva analizada.

En resumen, la función del TJUE es la armonización de las normas de los Estados miembros de la Unión, y consecuentemente con esa limitación de competencias el TJUE no puede pronunciarse sobre los efectos de la nulidad, en este caso, de las cláusulas suelo, proclamada por el Tribunal Supremo, por ser a este a quien le compete.

Por ello, en opinión de este intérprete, considero sin riesgo a equivocarme, que con toda probabilidad el decurso de la futura Sentencia del TJUE no podrá ser otro que, apreciando lo limitado de su propia competencia, esta es únicamente pronunciarse acerca de la compatibilidad de la limitación temporal impuesta por nuestro Tribunal Supremo con el Derecho de la Unión y en concreto en este caso, la Directiva referida, sus reflexiones habrán de agotarse remitiendo a los Tribunales españoles, por ser su competencia, para que delimiten los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo.


[1]Indicadores que  utilizan las entidades bancarias para actualizar los prestamos hipotecarios con tipo variable.

[2] Sentencia del Pleno del TS. Roj: STS 1916/2013.

[3]STS 1916/2013, de 9 de mayo, FJ.17º: “La Directiva 93/13 dispone que los Estados velarán por que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, lo que incluye disposiciones que permitan a organizaciones que tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o administrativos competentes con el fin de que éstos determinen, a tenor del artículo 7.2 de»[s]i ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas».

279. En el Derecho interno, tratándose de condiciones generales, el artículo 12.2 LCGC se proyecta hacia el futuro y dispone que»[l]a acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo […].

280. Cuando la acción de cesación se refiere a cláusulas abusivas en contratos con consumidores y usuarios, el artículo 53 TRLCU dispone que «[l]a acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura».

[4]Sobre los efectos de la nulidad, en el FJ 17º de la Sentencia, el TS comienza exponiendo los efectos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para la declaración de nulidad de las clausulas de los contratos: “Como regla, nuestro sistema parte de que la ineficacia de los contratos -o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste-, exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismos se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica “quod nullum est nullum effectum producit” (lo que es nulo no produce ningún efecto)-. Así lo dispone el artículo 1303 del Código Civil, a cuyo tenor»[d]eclarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes». 284. Se trata, como afirma la STS 118/2012, de 13 marzo, RC 675/2009, «[…] de una propia restitutio in integrum, como consecuencia de haber quedado sin validez el título de la atribución patrimonial a que dieron lugar, dado que ésta se queda sin causa que la justifique, al modo de lo que sucedía con la «condictio in debiti». Se trata del resultado natural de la propia nulidad de la reglamentación negocial que impuso el cumplimiento de la prestación debida por el adherente», para acabar justificando en la última parte del FJ17º la limitación de la retroactividad: “287. No obstante la regla general de eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad, sus efectos no pueden ser impermeables a los principios generales del Derecho -entre ellos de forma destacada la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE)-, como lo evidencia el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, /…/ 288. Singularmente, cuando se trata de la conservación de los efectos consumados (en este sentido, artículos 114.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Régimen jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad; 54.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y 68 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial). 289. También el Tribunal Constitucional, por exigencias del principio de seguridad jurídica, ha limitado los efectos retroactivos de la declaración de inconstitucionalidad en las SSTC 179/1994 de 16 junio,281/1995 de 23 octubre,185/1995, de 14 diciembre,22/1996 de 12 febreroy38/2011 de 28 marzo./…/. 291. También esta Sala ha admitido la posibilidad de limitar los efectos de la nulidad ya que»[l]a «restitutio» no opera con un automatismo absoluto, ya que el fundamento de la regla de liquidación de la reglamentación contractual declarada nula y por la que se pretende conseguir que las partes afectadas vuelvan a la situación patrimonial anterior al contrato, no es otro que evitar que una de ellas se enriquezca sin causa a costa de la otra y ésta es una consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad»(STS 118/2012, de 13 marzo, RC 675/2009). 292. Finalmente, la propia  STJUE de 21 de marzo DE 2013, RWE Vertrieb, ya citada, apartado 59, dispone que»[…] puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, verse inducido a limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves /…/.

2.4. La irretroactividad de la sentencia

293. En el caso enjuiciado, para decidir sobre la retroactividad de la sentencia en el sentido apuntado por el Ministerio Fiscal, es preciso valorar que: /…/ k) Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas

2.4. Conclusiones.

294. Consecuentemente con lo expuesto, procede declarar la irretroactividad de la presente sentencia, de tal forma que la nulidad de las cláusulas no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia.”.

[5]STS 1280/2015, de 25 de marzo. Ponente: D. Eduardo Baena Ruiz. Roj: STS 1280/2015 – ECLI:ES:TS:2015:1280

[6] STS 406/2012, de 18 de junio.  Roj: STS 5966/2012 – ECLI:ES:TS:2012:5966

[7]Sánchez García, J. “Comentarios a las sentencias de la Sala 1a del Tribunal Supremo de 24 y 25 de marzo de 2015”. 

[8] Tribunal de Justicia de la Unión Europea. COMUNICADO DE PRENSA nº75/16. http://www.curia.europa.eu.

Lexnet Abogacía pone en marcha un proceso de cambio hacia la plataforma del Ministerio de Justicia

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El pasado viernes se celebró un Pleno del Consejo General de la Abogacía Española en el que se redefinió su estrategia en materia tecnológica.

El Pleno acordó redefinir su estrategia tecnológica que entre otras cosas implica la transición de Lexnet Abogacía hacia la plataforma del Ministerio de Justicia, según ha informado el propio CGAE.

La Abogacía ha asumido su responsabilidad como actor fundamental de la Justicia y, fiel a su compromiso de modernización, desarrolló Lexnet Abogacía para ayudar a los letrados en su adaptación a la justicia digital.

Tras un año de funcionamiento con los nuevos requisitos, la Abogacía ha adoptado esta decisión al considerar que es el momento oportuno para lograr mayor eficiencia y eficacia en las comunicaciones electrónicas con los juzgados y tribunales.

El Pleno de la Abogacía ha valorado, entre otras cuestiones, que la homologación por el Ministerio de Justicia de las nuevas funcionalidades de Lexnet Abogacía se produce entre tres y seis meses después de haber sido diseñadas y aplicadas por el propio Ministerio, generando así ineficiencias y un elevado coste operativo en esta herramienta tecnológica. Esto ha provocado que se tuviera que remitir a los usuarios a utilizar la plataforma del Ministerio de Justicia cada vez que éste lanza una nueva funcionalidad y que muchos abogados necesitaran utilizar dos aplicaciones distintas para su comunicación con los juzgados.

Se inicia ahora un proceso de negociación con el Ministerio de Justicia para planificar y garantizar la transición de un sistema a otro. En este periodo, las decenas de miles de abogados que utilizan Lexnet Abogacía –con una media de 15.000 cada día- podrán seguir utilizando esta plataforma, que en ningún caso se desconectará hasta que este proceso finalice en los próximos meses.

Desde ese momento, el Ministerio de Justicia garantizará el funcionamiento y soporte del servicio para todos los profesionales de la Abogacía tal y como establece la Ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Siete retos en la gestión de los despachos de abogados

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Dar respuesta a las nuevas exigencias de los clientes, el uso intensivo de la tecnología o los riesgos de seguridad de la información son algunas cuestiones clave para los despachos de abogados.

El sector de la abogacía afronta una era de cambios. La irrupción de la tecnología, la crisis económica y las nuevas tendencias en la gestión de despachos están provocando una pequeña revolución en la profesión. Entre los nuevos retos está la adaptación de los despachos a las renovadas exigencias de los clientes, la ciberseguridad o la llegada de nuevas generaciones de abogados a las firmas, tal y como se puso ayer de manifiesto en el Legal Management Forum, organizado por Wolters Kluwer e Inkietos. Estos son los siete desafios más importantes:

  1. Nuevas exigencias de los clientes Uno de los principales retos que tienen que afrontar los despachos es adaptarse a las nuevas exigencias de sus clientes. Los departamentos jurídicos internos tienen la necesidad de innovar para adaptarse a la realidad cambiante de sus empresas y exigen que los despachos hagan lo mismo. Los responsables de las asesorías internas de empresas como Banco Santander, BP y Abertis destacaron ayer que lo que más valoran es que los abogados que contratan conozcan bien el negocio de la empresa a la que asesoran. La calidad técnica se da por supuesta, por lo que las firmas deben buscar la forma de ofrecer un valor añadido, con un servicio personalizado que marque la diferencia.
  2. Fijación de precios En línea con lo que demandan las empresas a los despachos, una cuestión clave que sigue sin resolverse es la fijación de precios, ahora que la facturación por horas parece haber desaparecido. En estas negociaciones, además de la asesoría jurídica interna de las compañías, los departamentos de compras están jugando también un papel importante, tal y como insistió Silvia Hodges, directora ejecutiva de Buying Legal Council.
  3. El desafío de la ciberseguridad Sin duda uno de los retos más importantes para los despachos es la ciberseguridad. Según explicaron los expertos en la materia, las firmas de abogados son objetivo de ataques porque manejan mucha información sensible y tradicionalmente no han tenido tantas medidas de seguridad como las grandes empresas. Lamentaron que los delincuentes gocen de una gran impunidad que les anima a seguir delinquiendo.
  4. Atraer a la ‘Generación Z’ Uno de los grandes desafíos en la gestión de talento de los despachos es atraer a las nuevas generaciones de abogados, la conocida como Generación Z. Según explicaron varios de estos jóvenes letrados, lo que buscan ya no es sólo un sueldo sino la posibilidad de conciliar la vida profesional con la personal. Además, estos nuevos abogados ven como algo normal y positivo el cambio de trabajo de una firma a otra.
  5. Gestión del conocimiento Otro gran reto que tienen por delante los despachos de abogados, sobre todo los más grandes, es ser capaces de gestionar todo el conocimiento que se genera dentro de las firmas, como base de la práctica jurídica. En un nuevo escenario en el que las posibilidades de acceso a la información se han multiplicado y democratizado, la velocidad en la adquisición y puesta en valor de nuevos conocimientos puede ser estratégica. Tal y como explicaron los responsables de gestión del conocimiento de despachos como Garrigues, Cuatrecasas, Uría Menéndez o KPMG Abogados, el trabajo que se hace actualmente desde sus departamentos está experimentando importantes cambios, producto de las nuevas tecnologías, a los que deberán adaptarse las firmas.
  6. Alianzas y futuras fusiones La crisis también ha llevado a los despachos a plantearse alianzas o fusiones con otros bufetes. Se trata de operaciones complejas en las que hay que tener en cuenta diversos elementos para que la unión llegue a buen puerto y no fracase, tal y como subrayaron los representantes de firmas como DLA Piper o Dutilh Abogados, que han vivido procesos de este tipo.
  7. Comunicación y gestión de la imagen Un terreno en el que el sector de la abogacía tiene todavía un largo recorrido es en la comunicación, que también incluye las redes sociales. La gestión de la imagen pública genera cada vez más interés, con casos de éxito como el de Ontier, pero todavía queda mucho camino para lograr un compromiso de todos los profesionales, tal y como comentó Adrian Dayton, socio de la firma Clear View, que cree que está siendo más fácil en los bufetes pequeños que en los grandes.

La innovación como eje del cambio

La innovación está en la esencia de todos los cambios que tendrán que emprender los despachos de abogados. La velocidad con la que evolucionan las nuevas tecnologías está obligando a tomar medidas en los bufetes más rápido de lo previsto. Según explicó ayer Emilio Cuatrecasas, presidente de honor de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, «la innovación es exponencial y es difícil prever lo que vendrá». Recordó cómo hace años en su despacho se debatió si debían instalar Internet o no, y posteriormente si debían facilitar teléfonos móviles. Por eso, cree esencial «cambiar actitudes» y apostar por organizaciones más flexibles , que son las que realmente atraen talento. Añadió que «las jerarquías y la burocracia estrangulan al individuo» y pidió que «el fracaso no se convierta en un estigma».

¿Cómo son los “cinco sentidos” de un buen abogado?

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Para ser un buen abogado deben entrenarse cada uno de nuestros sentidos en la dirección correcta

A través de los sentidos percibimos la realidad y, en base a ello, actuamos de determinada manera ante el entorno. La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto tienen una función adaptativa que nos permite sobrevivir en el contexto que nos rodea. Pese a que se trata de capacidades innatas, se van desarrollando o modificando a lo largo de nuestra vida, incluso podemos potenciar y entrenar algún sentido más que otro.

Según Carlos Pavón, socio director de IURE Abogados, para ser un buen abogado deben entrenarse cada uno de nuestros sentidos en la dirección correcta. “Se debe saber desarrollar la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto para responder de la manera más oportuna, dentro del entorno tan complejo en el que nos encontramos inmersos, particularmente en el mundo jurídico”. El letrado asemeja la percepción sensorial de nuestras facultades básicas, con las aptitudes imprescindibles que debe poseer un buen profesional del derecho.

Vista. En el ámbito jurídico, la vista hace referencia al alto nivel de formación y preparación requerido. Un buen abogado observa el contexto a través de unas gafas construidas sobre su formación, su conocimiento y sus experiencias profesionales previas, tanto aciertos como errores. A través de estas gafas se debe desarrollar una capacidad indispensable para todo abogado: la empatía, para poder así percibir de una forma diferente al resto el conjunto de la situación expuesta por el cliente, que facilite la comprensión de realidades y observar detalles que a los demás se les escapan. La visión de un buen abogado debe combinar una serie de conocimientos legislativos generales, unos específicos de su ámbito de actuación y un conocimiento actualizado de la tecnología. “La etapa formativa de un abogado no es algo que finalice en la Universidad, sino que exige una actualización constante. El entorno es muy dinámico y continuamente manifiesta cambios vertiginosos”.

Olfato. “La nariz humana es capaz de distinguir más de 10.000 olores diferentes y asociarlos a cosas diferentes. La legislación española está formada por más de 100.000 leyes y otras normativas, y el profesional debe saber qué ley aplicar en cada uno de los casos”. Carlos Pavón asemeja el sentido del olfato con la capacidad que debe tener un buen abogado, a la hora de aplicar en cada situación legal a la que se enfrente, la normativa más oportuna. A raíz de tener un conocimiento pleno y exhaustivo del caso que defiende, debe saber qué ley aplicar en pos de conseguir los mejores resultados para su cliente.

Oído. Para utilizar el sentido de la vista y del olfato, es decir, la formación y la capacidad de aplicarla, se precisa un entendimiento pleno del caso al que se enfrenta. Un buen abogado debe tener la capacidad de escuchar al cliente, debe escuchar con atención y oír incluso aquellos aspectos que el cliente calla. Nuevamente es indispensable tener la capacidad de ponerse en el lugar del cliente, entender su problemática, asumirla como propia y reconocer las posibles soluciones aplicables. “El profesional debe entrenar su capacidad de escucha y cuidar sus habilidades sociales, para conseguir establecer una relación de confianza con su interlocutor. Tiene que asegurarse de que se sienta cómodo, para poder lograr una situación que favorezca la conversación”, indica Pavón.

Tacto. Tener tacto es la habilidad de tratar con los demás, sin que éstos se ofendan o se sientan incómodos. El profesional jurídico debe entrenar las formas de relacionarse, debido a la gran cantidad de personas con las que trata y a la delicadeza de las situaciones a las que se enfrenta. Un buen abogado es prudente y sabe decir en cada momento lo más apropiado para el beneficio de su cliente. “El sentido del tacto en un abogado debe entrenarse en base a tres cuestiones: qué, cómo y cuándo. Antes de pronunciarse, se tiene que tener claro qué se quiere comunicar, cuál es la mejor forma de hacerlo y buscar el momento oportuno para ello”, explica Carlos Pavón. No debemos caer en la idea equivocada de que el cliente no necesita conocer los detalles de la marcha de su encargo. Muy al contrario, el cliente no sólo desea estar informado de los detalles y avances del procedimiento aplicable para dar solución a su problemática, sino que además debe conocer desde el inicio de las actuaciones cuáles serán las posibles complicaciones que el asunto objeto de su consulta puede suscitar.

Gusto. “El sentido del gusto está relacionado con la satisfacción con la profesión, con el “buen sabor de boca” que se queda tras cerrar un caso exitosamente”, concluye Pavón. Un buen abogado siente pasión por su trabajo y eso le hace, a la vez, ser más competente. Le encanta leer y estar actualizado sobre las últimas novedades. Además, disfruta con cada caso que defiende y sabe aprender de los errores y adversidades que se presentan. En definitiva, se trata de percibir la satisfacción de haber contribuido a la solución y satisfacción del cliente que debe percibir en el abogado la posibilidad de resolver positivamente su problemática

Sobre estos cinco pilares se basa la profesionalidad de un buen abogado. Sea cual sea el área jurídica en la que el letrado decida especializarse, los conocimientos, las habilidades sociales (tanto al escuchar como al hablar) y la pasión son aptitudes que puede potenciar para mejorar su desempeño como abogado.

10 señales de que podrías ser un buen abogado

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¿Tienes pensado matricularte en la Facultad de Derecho? ¿No sabes si tienes madera para convertirte en un buen abogado? En este artículo te presentamos diez signos inequívocos para que valores si algún día podrías llegar a ser un buen abogado. Es posible que existan otros muchos indicios que te pueden ayudar a valorar si eres un buen abogado, pero quizás podemos citar los siguientes como los principales. Entremos en materia y degusta estos consejos para abogados.

1. Te encanta discutir.

Si eres una persona a la que en su día a día le gusta una buena discusión para ver quién tiene la razón en cada caso, te gusta debatir desde quién es el mejor pianista del mundo hasta cuál es el mejor restaurante de su ciudad o si hay buenos restaurantes en la ciudad, entonces, anótate un tanto. Uno de los puntos fuertes de un buen abogado es la argumentación. Los abogados argumentan constantemente; lo hacen con la parte contraria, con otros abogados, con los Jueces y Tribunales, con los funcionarios, con las compañías de seguros y hasta con sus propios clientes. La práctica del Derecho es intrínsecamente contradictoria, por lo que si te gusta una buena discusión, bien argumentada, el área del derecho puede ser una buena opción.

2. Te encanta escribir.

Si te gusta escribir y eres bueno en ello deberías considerar el hecho de convertirte en abogado. Los abogados están continuamente escribiendo. Los abogados se pasan el día redactando alegaciones, recursos, contratos, solicitudes y cientos de comunicaciones escritas al año. La escritura fluida es una buena característica para un abogado. Así que ya sabes, si te gusta escribir, estás más cerca de tener todas las cualidades de un buen abogado.

3. Eres un adicto al trabajo.

Deberías saber que muchos abogados son adictos al trabajo (no sabemos si por gusto o por necesidad profesional). De hecho hay abogados que trabajan de la mañana a la noche, excediendo por mucho una jornada profesional normal o al uso. Para asegurarte el éxito en el campo de la abogacía, debes trabajar (y mucho), por lo que se hace necesario hacer algunos sacrificios, entre ellos el exceso en el horario laboral. Si no te importa trabajar desde las primeras luces hasta bien entrada la noche, el campo del Derecho podría ser el tuyo.

4. Eres un buen negociador.

Los abogados negocian todos los días. Los abogados negocian a todas horas. En la mayoría de procedimientos, los acuerdos entre las partes son parte esencial. Por ello, unas buenas aptitudes negociadoras influirán muy positivamente en el rendimiento de un abogado. Existen muchas circunstancias en las que la mediación debería ser parte obligada, evitando pasar a mayores con otros procedimientos más largos y lesivos para las partes. Esta es otra de las características que te ayudarán a cumplir eficazmente con las funciones de un abogado.

5. Lo tuyo es la persuasión.

Este factor es muy importante especialmente en ciertos procedimientos, como el del Jurado, en el que la forma de presentar el caso y la persuasión que sea capaz de ejercer el letrado sobre los miembros del mismo, son importantísimos para la decisión final en un sentido u otro. El trabajo principal de un abogado es persuadir al resto de los intervinientes en el procedimiento de que la postura que defiende es la correcta. Y todo ello solo podrá hacerlo con grandes dosis de persuasión, habilidad y también, por supuesto, de práctica.

6. Tienes una buena coraza emocional.

Todo buen abogado debe tener una buena coraza emocional, una “piel gruesa” o “espaldas anchas”, como se suele decir. Ten en cuenta que en su trabajo diario, los abogados se pueden enfrentar a Jueces enfadados y con mal carácter, funcionarios que en ocasiones no tienen un buen día, clientes enojados y despiadados enemigos (que muchas veces son otros abogados). Si tienes una buena coraza, sin duda el trabajo de abogado te resultará mucho más sencillo, ayudándote también a superar el stress que este trabajo produce.

7. Gran capacidad de organización.

Si eres bueno organizando y equilibrando tu tiempo, entonces tienes un gran paso dado para llegar a ser un buen abogado. Como profesional de la abogacía, pasarás tu tiempo entre tu despacho, entrevistas con clientes, papeleos varios, llamadas telefónicas y comparecencias ante el Juez o Tribunal acompañando a tus clientes o colegas de profesión, y como hemos dicho anteriormente, en muchas ocasiones de la mañana a la noche. Debes tener una buena agenda bien estructurada, y lo más importante de todo… jamás te olvides de tu familia, pues es lo primero.

8. Eres persistente.

En muchas ocasiones, la persistencia es una de las grandes virtudes de los grandes abogados. No puedes rendirte nunca. Debes luchar por alcanzar tus objetivos y lograr tus metas. Muchas veces se fallará, pero tras la caída hay que levantarse y volver a intentarlo.Difícilmente todo nos saldrá bien a la primera, por ello hay que ser persistentes en nuestro objetivo final de convertirnos en un gran abogado. Y como se suele decir, nadie nace enseñado.

9. La paciencia es una de tus virtudes.

La práctica del Derecho implica mucho tiempo de espera, tanto a corto como a largo plazo. En el corto, ármate de paciencia en los Juzgados y Tribunales esperando por una documentación, esperando con tu cliente para prestar declaración o por una resolución. En muchas ocasiones, horas y horas interminables con la sola presencia de tu maletín lleno de documentos y tú mismo. En el largo plazo, no esperes obtener respuesta a tus pretensiones en un par de semanas. Existen juicios orales que se demoran años desde la ocurrencia del hecho, por lo que te recomendamos que te armes de paciencia.

10. Tienes cierta agresividad bien entendida.

Recalcamos lo de bien entendida; no queremos boxeadores en los Tribunales… Queremos decir que un cliente quiere un abogado resuelto, decidido, que trabaje con agilidad, sin dar un paso atrás en su firme decisión de ayudar fielmente a su cliente. Los clientes no quieren abogados débiles a su lado, desean tener cerca esos abogados sedientos de triunfo y que no temen a los encontronazos. En resumen, los clientes quieren “pitbulls” no “caniches” a su lado. Los “caniches” tienen poco que hacer en el mundo legal.

Esperamos que estas 10 señales de que podrías ser un abogado, hayan resultado de tu interés, y su lectura amena. Sin embargo, estamos seguros de que nos hemos dejado alguna señal en el tintero. Por eso te pedimos que si tienes alguna idea al respecto nos la hagas saber en forma de comentario. ¡Siempre dispuestos a escuchar a nuestros lectores!

El Congreso pide que se exima de tasas judiciales a ONGs, PYMES y comunidades de propietarios

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El nuevo texto pide al Ejecutivo que modifique, en un plazo de tres meses, el artículo siete de la Ley 10/2012

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha acordado el martes 18 de octubre por unanimidad instar al Gobierno a modificar el régimen de tasas judiciales incorporando a la lista de sujetos exentos del pago de dichas tasas a las entidades sin fines lucrativos, a las PYMES y comunidades de propietarios.
Los diputados han debatido sendas proposiciones no de ley de la antigua Convergència (CDC) y del PSOE sobre el régimen de tasas judiciales que aún se mantiene tras la rectificación del Gobierno del PP y la sentencia contraria del Tribunal Constitucional. Al final, ambos textos se han fundido en una nueva redacción tras la incorporación de una enmienda transaccional de los socialistas.
Así, el nuevo texto pide al Ejecutivo que modifique, en un plazo de tres meses, el artículo siete de la Ley 10/2012 por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Sociedades con un volumen de negocio por debajo del millón
Además, hace referencia a las sociedades mercantiles cuya cifra de negocio sea inferior al millón de euros y se amplía la excepción no solo a las entidades sin fines lucrativos, sino también a las organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo fundamental atienda a la defensa y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social o a la sostenibilidad, protección y regeneración del medio ambiente.
El portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha referido a la cuota fija para aquellas personas jurídicas no contempladas en el apartado de la proposición no de ley con el fin de adaptarse al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional del 21 de julio que declaraba inconstitucional la previsión del artículo 7 de la ley, que en sus apartados 1 y 2 establecían las cuotas tributarias fijas y variables.
Durante su intervención en el debate, Campo Moreno ha precisado que las tasas judiciales instauradas por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en 2012, se habían convertido en un “elemento normativo” que no habían ayudado a la modernización del servicio de Justicia sino que, más bien, provocaban una “mayor desigualdad social”.
Además ha añadido que el “clamor” contra la ley de tasas llevó al actual ministro del ramo, Rafael Catalá, a “reparar parcialmente el sinsentido y despropósito” de dicha normativa legal. En la misma línea se ha pronunciado el diputado de En Comú-Podem-En Marea, Jaume Moya, quien ha calificado el sistema de tasas de “pequeña chapuza”.
La portavoz de Justicia de Convergència, Lourdes Ciuró, ha respaldado la enmienda del Grupo Socialista y ha aseverado que los peores augurios de las consecuencias de la entrada en vigor de esta normativa se habían cumplido porque “se ha cerrado el paso a los ciudadanos que pretenden defender sus posiciones legítimas ante los tribunales”.
Exención de pago
Algunas formaciones como Compromís han defendido la eliminación de la tasa judicial y queden eximidas de pagarlas no solo las PYMES y entidades sin fines lucrativos sino también las grandes corporaciones. Otra cosa es, según ha dicho el diputado de Compromís, Enric Bataller, el “uso abusivo”; y, en esos casos, podría plantearse penalizar ese comportamiento vía costas judiciales.
Diferente postura ha defendido Jaume Moya, de En Comú, quien ha argumentado que había una “zona de penumbra” a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2016 y que la modificación planteada en la proposición no de ley debería aplicarse a las entidades exentas en el Impuesto de Sociedades pero no para las grandes empresas.
El vicepresidente segundo de la Comisión y diputado popular Francisco Molinero ha respondido que no compartía parte de las intervenciones hechas por los parlamentarios que le han precedido en el uso de la palabra y que la ley de tasas nació a consecuencia de la “caída brutal” de la recaudación derivada de una “fatal gestión” del gobierno anterior.
Además ha precisado que la ley 10/2012 no vulnera en sí misma el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y que la normativa legal persigue un fin legítimo.